Sociedad Instrumental Una sociedad instrumental, también conocida como sociedad pantalla o sociedad fantasma, es una entidad legal creada principalmente con el propósito de ocultar patrimonio, evadir impuestos o disfrazar actividades económicas para eludir el escrutinio de la autoridad fiscal. Estas entidades suelen emplearse para llevar a cabo actividades ilegales o fraudulentas, como el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, la economía sumergida u otras acciones ilícitas. Por lo general, presentan ciertas características distintivas:
- Estructura Simplificada: Suelen tener una estructura simple con un único socio o propietario, y a menudo carecen de empleados o actividad real. Esto dificulta la identificación de las personas reales detrás de la entidad.
- Falta de Presencia Física: Por lo general, carecen de una presencia física real en la ubicación donde están registradas. Pueden tener una dirección de registro, pero no operan en ese lugar.
- Administración por Terceros: A menudo son gestionadas por terceros, como empresas de servicios de asesoría o abogados, para evitar que los propietarios reales se vean involucrados en la gestión de la sociedad.
- Negocio Inexistente o Ficticio: A menudo no tienen una actividad comercial real o generan ingresos reales. Pueden existir únicamente en papel y no tener gastos o ingresos legítimos.
- Objetivo de Evadir Impuestos: La razón principal detrás de su creación es evitar el pago de impuestos, como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
- Actividades Vagas o Difíciles de Definir: Pueden declarar realizar actividades ambiguas o difíciles de definir, lo que dificulta la identificación de su verdadera naturaleza y fuente de ingresos.
Es crucial destacar que la creación de una sociedad instrumental en sí misma no es ilegal. No obstante, su uso para fines fraudulentos o ilegales, como la evasión de impuestos o el blanqueo de capitales, constituye un acto ilegal y puede acarrear sanciones severas por parte de las autoridades fiscales. En muchos países, incluyendo España, se han implementado regulaciones y medidas para detectar y prevenir el uso indebido de estas sociedades con fines ilegales, así como para imponer sanciones a quienes las utilicen de manera fraudulenta.