La fiscalización se refiere al análisis y control que emplea los recursos necesarios para garantizar que una actividad cumpla con las regulaciones vigentes y opere dentro de los límites legales. Este proceso se ejecuta en varios contextos, tanto en el sector privado como en el público, con diferentes objetivos y enfoques. El término deriva de la labor de un fiscal, una autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de leyes y regulaciones.
En el ámbito privado, la fiscalización puede ser una decisión interna de la empresa. En este caso, la dirección empresarial verifica que las actividades se realicen de acuerdo con los estándares y regulaciones establecidas.
Además, en el sector privado, la fiscalización puede ser impuesta por el Estado o las autoridades gubernamentales. Esto sucede cuando se denuncian actividades ilegales o sospechosas en una empresa, lo que conlleva a una investigación oficial. Los administradores de la empresa deben justificar que su actividad empresarial cumple con la ley en tales casos.
En el ámbito público, la fiscalización busca asegurar el buen funcionamiento y la gestión adecuada de los fondos públicos. Hay distintos tipos:
- Fiscalización de Cumplimiento: Verifica la conformidad de las acciones de una entidad con la ley y regulaciones vigentes.
- Fiscalización Financiera: Examina la información financiera para garantizar su integridad y precisión.
- Fiscalización Operativa: Analiza la ejecución de operaciones y la gestión de la entidad.
En España, el Tribunal de Cuentas se encarga de la fiscalización en el sector público. Este tribunal revisa las Cuentas Generales del Estado en busca de posibles irregularidades. Además, investiga contratos gubernamentales, patrimonio estatal, transferencias y otros aspectos financieros y operativos relacionados con el sector público.
Los resultados de estas investigaciones se documentan en informes presentados en las Cortes Generales y publicados en el Boletín Oficial del Estado. Esto busca garantizar transparencia y legalidad en el uso de recursos públicos.
En resumen, la fiscalización es clave para asegurar el cumplimiento legal en sectores públicos y privados, manteniendo la integridad en las operaciones financieras y operativas. La fiscalización rigurosa es esencial para la transparencia y legalidad en la gestión de recursos y actividades económicas.