Existe preocupación entre los asesores fiscales por el despliegue tecnológico de la Agencia Tributaria (AEAT). La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha redactado un documento titulado “Propuestas de mejora de la normativa general tributaria” en el que insta a la agencia a limitar los recientes avances algorítmicos y de inteligencia artificial.
Los profesionales de la asesoría fiscal, que trabajan en defensa de los ciudadanos ante Hacienda, demandan mayor transparencia para los contribuyentes. También abogan por la incorporación de nuevos principios y derechos, como “el derecho del ciudadano a no ser sujeto de una decisión administrativa que evalúe aspectos personales” y el “derecho a conocer el sesgo en los programas utilizados para elaborar perfiles, lo que requiere algoritmos transparentes”.
La AEAT, en su Plan Estratégico 2020-2023, reconoce su impulso en el uso de nuevas tecnologías, incluyendo inteligencia artificial, para mejorar la atención al contribuyente. Sin embargo, la Aedaf plantea interrogantes sobre si el verdadero propósito de esta implementación es aumentar la recaudación.
La agencia tributaria anticipa un mayor aprovechamiento de la tecnología para la automatización de procedimientos, delegando en sistemas algorítmicos algunas tareas que antes realizaban funcionarios. Hacienda ha tenido éxito en la utilización de inteligencia artificial, como en el Asistente Virtual del Suministro Inmediato de Información (SII), proporcionando respuestas interactivas en lenguaje natural a través de chat.
La creación de la Unidad Central de Grandes Patrimonios, que utiliza intensivamente el big data, es otro ejemplo de la incursión de Hacienda en nuevas tecnologías. Además, se destaca el aumento del cerco de la Agencia Tributaria mediante inspecciones físicas en domicilios, una práctica que ha generado conflictividad y críticas judiciales.
En este contexto, la Aedaf exige seguridad jurídica ante Hacienda y aboga por una normativa que desarrolle las previsiones necesarias, garantizando la protección de derechos fundamentales en situaciones de inspección y acceso a información personal. La solicitud incluye la demanda de que dicha regulación se realice a través de una Ley orgánica que regule el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.